La situación del país refleja una crisis que afecta tanto a los prestadores como a instituciones como la nuestra, cuyo fin es brindar un servicio de salud digno y accesible a los afiliados. Resulta imperioso reconocer que dicha crisis afecta a los Prestadores (por sus costos, honorarios), a nuestra Institución, cuyos ingresos en pesos se deterioran mientras los costos suben en sintonía con el dólar y a los Afiliados, quienes sostienen con sus aportes estos sistemas de salud solidarios. El reconocimiento sobre el carácter de esta afectación, es el punto de partida para establecer acuerdos donde Prestadores e Instituciones de Salud, absorban equitativamente los costos de los servicios, a fin de garantizar el acceso a la salud.

 

No es cierto que “el deterioro de los aranceles viene de hace varios años y que siempre fue absorbido por el profesional”, dado que la actualización de los aranceles es fruto de una negociación entre ambas partes (Prestadores e Instituciones de Salud) que finaliza con un acuerdo sobre los valores y la vigencia que se aplicará a cada prestación. Y lo que los prestadores facturan como consecuencia de la atención de los afiliados, se abona dentro de los treinta (30) días de recibida la facturación.

 

Dado que es nuestra obligación administrar responsablemente las Instituciones y defender los intereses y derechos de los afiliados, entendemos que resulta injusto que se pretenda cobrar plus por sobre los valores convenidos.

 

Cada vez que se conviene un aumento en las tarifas, nuestra institución y los afiliados se ven afectados por igual, dado que el coseguro que éstos abonan por la autorización de una práctica, surge de un porcentaje que es el que mantiene la equidad entre ambas partes al momento de afrontar la facturación. Por ende, respetar los valores convenidos resulta crucial para la continuidad y mantenimiento de un sistema de salud digno y previsible para las partes.

 

En síntesis: nuestra institución no sólo viene respetando los valores y vigencias que se acuerdan con los prestadores, sino que hace un enorme esfuerzo por continuar abonando las facturaciones en tiempo y forma y por ello no es justo que la crisis se traslade a nuestra institución o a nuestros afiliados con mayores costos, argumentando que solo afecta a los prestadores profesionales.

Y en relación con el aumento de los insumos en moneda extranjera, sería más adecuado direccionar el reclamo hacia el gobierno a efectos de conseguir una cotización diferenciada que garantice su normal suministro. No se puede pretender que nuestra institución dolarice sus pagos, cuando los ingresos son en pesos.